Por ley, Santa Fe adhiere a los Principios Rectores de Política Hídrica

La diputada Bertero, autora del proyecto sancionado este jueves, dijo que «la toma de conciencia acerca de de la vulnerabilidad y del deterioro en la gestión de nuestros recursos hídricos es el primer paso para corregir el rumbo de las políticas”.

La Cámara de Diputados de la provincia dio sanción definitiva este jueves al proyecto de Ley de la diputada provincial del FPCyS-PS, Inés Bertero, según el cual la Provincia de Santa Fe adhiere y hace suyos los «Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina», aprobados el 31 de marzo de 2006 por la VI Asamblea del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).

“El proyecto de ley que hoy estamos votando manifiesta ni más ni menos que una toma de conciencia acerca de de la vulnerabilidad y del deterioro en la gestión de nuestros recursos hídricos, como primer paso para corregir el rumbo de las políticas”, resaltó la legisladora durante la sesión de este jueves.

Bertero explicó los alcances de la iniciativa: “Estos Principios Rectores de la Política Hídrica parten de una visión que valora el agua como un recurso escaso a nivel global y local y al mismo tiempo señalan la forma de utilizarla como motor de nuestro desarrollo sustentable”.

Y agregó que “de dicha visión se desprende que el aprovechamiento de los recursos hídricos se debe realizar armonizando los aspectos sociales, económicos y ambientales a fin de garantizar el derecho establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994 que estableció el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Este artículo consagró el paradigma del desarrollo sustentable y el deber irrenunciable del Estado como de toda la sociedad de proteger y preservar los recursos naturales”.

“La adopción de los principios rectores de Política Hídrica por parte de todas las provincias y la Nación, significa tener una política de Estado que sustente la gestión integrada del recurso hídrico. Los santafesinos sufrimos las consecuencias de políticas erróneas, carentes de estos principios, que durante años llevaron a través de la canalización a secar los humedales en el norte de nuestra provincia”, manifestó la diputada Bertero.

Asimismo, “una administración sustentable del agua en la provincia de Santa Fe exige un reordenamiento funcional de las responsabilidades asumidas por las distintas instituciones gestoras del recurso, como así también una profunda adaptación de la legislación hídrica vigente a los Principios Rectores que hoy estamos votando”.

“La materialización de estos principios requiere del apoyo participativo de la sociedad civil y de un férreo compromiso del gobierno en la búsqueda de soluciones y posterior control de la gestión hídrica, en el entendimiento que del manejo inteligente de las aguas depende la vida y el bienestar de nuestra sociedad”, finalizó.

Diputados dio media sanción a la adhesión a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor

La iniciativa, presentada por los diputados del FPCyS-PS, Raúl Lamberto e Inés Bertero, formula políticas tendientes a la protección de usuarios y consumidores en todo el territorio provincial. Aunque la normativa rige a nivel nacional desde 1993, Santa Fe aún no ha regulado legislativamente el ejercicio de esas facultades.

La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley según el cual la provincia de Santa Fe adhiere a la Ley Nacional Nº 24.240, de Defensa del Consumidor, de conformidad con los derechos reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La iniciativa, presentada por los diputados del FPCyS-PS, Raúl Lamberto e Inés Bertero, y tratada en conjunto con otro proyecto de Hugo Marcucci, establece que “el gobierno de la provincia debe formular políticas tendientes a la protección de los consumidores y usuarios y establecer la infraestructura adecuada para aplicarlas en todos los sectores de la población”.

Entre las disposiciones sobresalientes, se crean los Tribunales Arbitrales Administrativos del Consumidor. Para esto, el Ejecutivo provincial deberá designar una autoridad de aplicación, pudiendo ser esta la Dirección General de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de la Producción.

Pero además, se delegan las facultades de ejercicio del control y vigilancia de las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.240 en los municipios que en forma expresa adhieran a las disposiciones de la normativa provincial.

Lamberto destacó que el objetivo que se persigue es el de “garantizar el derecho a la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, el acceso a información adecuada y veraz, la libertad de elección, el trato digno y equitativo, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, educación para el consumo, y el establecimiento de procedimientos para la prevención y solución de conflictos”.

“En nuestro país, la Ley Nacional Nº 24.240 que rige en todo el territorio nacional desde el año 1993, ha implicado la consolidación de un sistema de protección jurídica dirigida directa y específicamente a la tutela de los consumidores. La Reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó el artículo 42 que consagra la protección de la parte estructuralmente más débil en las relaciones de consumo”, explicó Lamberto.

“No obstante, nuestra provincia aún no ha regulado legislativamente el ejercicio de esas facultades. Por eso es de suma importancia la aprobación de este proyecto de Ley, tendiente a contemplar las situaciones propias de Santa Fe y crear las herramientas necesarias para un adecuado contralor y eficaz protección de los derechos del consumidor y del usuario”, agregó.

El proyecto que ahora deberá tratar el Senado establece un procedimiento administrativo cuyas actuaciones pueden ser originadas por la autoridad de aplicación de oficio o por denuncia de un particular u organización debidamente registrada, que actuare en defensa general de los consumidores y usuarios, ante cualquier caso de presuntas infracciones.

Cuando surgiera la existencia de una infracción a la legislación vigente, se prevé la instrucción de un sumario al presunto infractor quien será pasible de sanciones que van desde el apercibimiento público y el pago de multas, hasta el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado. En todos los casos, se establece la obligación de dar publicidad a la resolución condenatoria, a costa del infractor.

Asimismo, se establece expresamente que la provincia y los municipios deberán instrumentar programas de difusión pública sobre los derechos de los consumidores y usuarios, las normas vigentes y las vías de reclamo.

Reclaman al Defensor del Pueblo de la Nación por falta de abastecimiento de garrafas

Los Diputados Raúl Lamberto e Inés Bertero (FPSC-PS) presentaron un reclamo ante el Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de provisión del servicio de gas natural envasado en localidades de Santa Fe.

En la misiva, según explicaron los legisladores, se solicita al Defensor del Pueblo de la Nación “lleve adelante los actos administrativos y/o judiciales que pudieran corresponder para lograr el abastecimiento de gas envasado al pueblo de la provincia de Santa Fe, conforme las disposiciones legales vigentes. Asimismo se provea a la población y en la forma establecida de las denominaciones garrafas sociales”.

Los diputados aseguraron que en diversas localidades de la provincia se ha advertido la escasez en la provisión de garrafas o en su defecto la venta de las mismas a precios superiores a los establecidos por el Gobierno Nacional. “A esta situación se suma la existencia de negocios que carecen de stock de garrafas, colas para conseguir gas envasado, desabastecimiento, especulación y hasta denuncias de exportación ilegal. Son las irregularidades que denuncia la población santafesina”, explicaron los legisladores Bertero y Lamberto.

Además los diputados recibieron denuncias por posibles casos de discriminación en la distribución de la denominada “garrafa social”, con preferencias o preeminencias hacia gobiernos locales vinculados políticamente a la administración nacional. Cabe destacar que efectúan el pedido en virtud de lo establecido por los artículos 43 y 86 de nuestra Constitución Nacional que le otorga al Defensor del Pueblo de la Nación la legitimación procesal a los fines de tutelar los derechos y garantías establecidos por la misma Constitución y leyes nacionales.

También se solicitó al ombudsman, que ante el registro de diversas conductas especulativas y restricción de venta de las garrafas “en su carácter de defensor de los derechos de la ciudadanía, eleve las denuncias penales que correspondan en tales casos, conforme a la legislación vigente”.

Finalmente, Lamberto y Bertero aclararon que “la Ley 17.319 expresamente impone como objetivo principal de la política sobre hidrocarburos, satisfacer las necesidades que tengan los ciudadanos con el producido de sus yacimientos y obliga a mantener las reservas para cumplir tal finalidad. Además, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías, que en este caso en particular, tendría el objeto de garantizar la provisión de tal servicio”.

“Este proyecto debe ser una política de Estado”

Con estas palabras, la diputada por el Frente Progresista Cívico y Social, Inés Bertero, se refirió en diálogo con este medio digital, a la importancia de la media sanción en la Cámara Baja de la reducción del 50% de la tarifa del transporte para estudiantes de la provincia de Santa Fe.

Cintia Zapata

Si bien es cierto que hay que esperar el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, las expectativas son muchas y los estudiantes ven con muy buenos ojos esta “ayuda económica” que los alivianaría en la cantidad de gastos que deben realizar, especialmente si tienen que trasladarse a estudiar a Rosario o Santa Fe, siendo oriundos de localidades vecinas. “La importancia de este proyecto la dio el marco en el cual se votó en Diputados, donde las galerías del recinto estuvieron cubiertas de jóvenes estudiantes que apoyaban esta iniciativa por la cual venían luchando desde hacía muchos años”, comentó la diputada Inés Bertero.

En cuanto a la génesis del proyecto, se viene tratando desde el 2004 en la Cámara de Diputados, con presentaciones de todas las bancadas. “Más allá de todas estas iniciativas se realizó por una demanda del Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, y luego se realizó una consulta al Ejecutivo quien fue el que envió el mensaje a la Legislatura”, relató Bertero.

El beneficio alcanza a los estudiantes secundarios, universitarios y de carreras terciarias de grado durante el período lectivo. Según confirmó la diputada Betero, se extendió la fecha en la cual se aplicará este descuento, siendo desde el 1º de febrero hasta el 20 de diciembre de cada año. Si bien en Rosario los jóvenes gozan de una reducción debido a una ordenanza del Concejo municipal desde finales de los `80, si se le da la otra media sanción, el beneficio lo tendrán todos los estudiantes de la provincia de Santa Fe.

“Nosotros entendemos que estos costos tienen que ser absorbidos por el propio sistema. El transporte es un servicio público, y si bien los costos están controlados por el Estado, más específicamente por la Secretaría de Transporte, en el caso concreto del transporte interurbano, este año tuvo dos aumentos en la tarifa y además desde el gobierno nacional se está hablando de extender los subsidios también al transporte de media y larga distancia”, sentenció Bertero.

Al momento de analizar si será o no aprobado en la Cámara de Senadores para que pueda aplicarse en toda la provincia de Santa Fe, la legisladora expresó: “Depende del punto de vista que prime, si predomina la visión fiscalista del senador Juan Carlos Mercier, posiblemente haya algún problema. Pero creemos que aquí debemos mirar que esta debe ser una política de Estado, que así lo decidió el gobierno de la provincia de Santa Fe y que esto es importantísimo porque va a beneficiar a aproximadamente a sesenta mil jóvenes que les vamos a estar facilitando la concreción un derecho fundamental como lo es la educación”.